Es una burla el sistema electoral

Javier N. Pro
27 de Noviembre 2018
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Javier N. Pro

Difícilmente se puede apreciar con mayor claridad que el sistema electoral mexicano está obsoleto y quebrado que con la desagradable experiencia que hemos vivido los regios con las elecciones del municipio de Monterrey.

Recapitulando las etapas, nos encontramos con que la Comisión Municipal Electoral declaró como ganadora de dicha elección a la planilla panista encabezada por Felipe de Jesús Cantú.

Posteriormente, ante la impugnación del PRI, el Tribunal Estatal Electoral consideró que algunas de las casillas en las que ganó el panista habían tenido irregularidades y, por tanto, a media etapa de la transición municipal, decidió anularlas, descontándole suficientes votos al PAN como para darle la vuelta al resultado electoral, revocar la constancia de mayoría de los azules y ordenar se expidiera una a favor del PRI.

Inconforme con el resultado, el PAN impugnó la resolución y ahora la Sala Regional del TEPJF resolvió que sí debían anularse algunas casillas, pero no tantas como para darle la vuelta a la elección, así que decretó se le revocara la nueva constancia de mayoría al PRI y se expidiera una nueva en favor del PAN, quien habría de asumir el mando gubernamental el último día de octubre.

Después de aquello, el PRI llevó ahora ante la Sala Superior el asunto y a escasos minutos antes del momento en que debía tomar posesión el nuevo Ayuntamiento, resuelve que en realidad ni el PRI ni el PAN pueden asumir el gobierno, pues hubo irregularidades graves en la elección, por lo que tendría que convocarse a una nueva en un periodo de 60 días.

¿Qué tan subjetivo, maleable y arbitrario tiene que ser el derecho electoral mexicano para que tres tribunales diferentes emitieran tres resoluciones completamente distintas sobre exactamente los mismos hechos sucedidos?

¿Cómo van a saber los ciudadanos, votantes y candidatos qué cuáles son las reglas del proceso electoral si ni siquiera los propios tribunales lo saben, ya que cada uno resuelve lo que quiere y entre ellos se revocan sus propias resoluciones con criterios diametralmente distintos?

¿Qué certeza y confiabilidad podemos tener si nuestras elecciones, nuestro derecho electoral y nuestra democracia dependen del humor, los ánimos y los intereses que tenga cada magistrado?

Y por si esto fuera poco, en la organización de la nueva elección vuelve a quedar evidenciado nuevamente el desastre que es nuestro sistema electoral:

1. En una interpretación literal de la ley, la Comisión Estatal Electoral expide en los lineamientos de la elección extraordinaria de Monterrey que los partidos no pueden cambiar de candidato para dicha elección.

2. Inconforme con aquello, el partido Morena impugna porque quiere cambiar de candidato y el Tribunal Estatal resuelve que debe revocarse el acuerdo de la Comisión porque ésta interpretó mal la ley y en realidad los partidos sí tienen derecho a poner a romper sus coaliciones y poner nuevos candidatos.

3. Inconforme con dicha resolución, otro partido impugna y ahora la Sala Regional resuelve que el Tribunal Estatal estaba equivocado y siempre no se pueden cambiar los candidatos, pero sí pueden romper las coaliciones que tenían o formar una nueva.

4. Morena se inconforma con la resolución porque está firme en poner a otro candidato y anuncia que impugnará ante la Sala Superior; mientras tanto, la Comisión Estatal Electoral no puede mandar a imprimir boletas porque a menos de un mes de la elección por el plazo que ordenó la misma Sala Superior, todavía no se sabe quiénes van a poder o no competir.

Y como cereza al pastel, ahora que el Partido Verde decide unirse en coalición con el PRI y dejar al candidato que tenía, ahora éste se inconforma y anunció que también impugnará dicha situación.

Por si fuera poco, el sistema electoral mexicano es sumamente costoso, entre lo que cuesta mantener al INE con los sueldazos injustificados que se autoasignan los consejeros para ellos mismos y para su personal; los miles de millones de pesos que se les reparte a los partidos políticos haya o no elecciones; los bonos, compensaciones, edificios y gastos de todo tipo de las Salas Regionales, Especializada y Superior del TEPJF; las Comisiones Estatales Electorales de todos los estados del país, además de las Juntas Distritales y Locales del propio INE y finalmente los 32 Tribunales Estatales Electorales, llenos de magistrados y funcionarios que, según los magistrados federales, no saben de derecho, pues aparentemente les revocan casi todas sus resoluciones.

En Nuevo León, el Tribunal Estatal Electoral cuesta casi 60 millones de pesos al año, de los cuales casi el 10% se va en los sueldazos de los magistrados que ganan 50% más que el gobernador y se les paga haya o no elecciones.

¿Nos convendrá seguir patrocinando tantos tribunales que pareciera solo sirven para entorpecer, polemizar y burocratizar las elecciones? Yo creo que con dos basta y sobra…


 

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