La pugna por San Pedro

Javier N. Pro
23 de Octubre 2018

Javier N. Pro

La semana pasada muy pocos hubieran creído que la elección del municipio de San Pedro, en donde Miguel Treviño obtuvo una victoria contundente con casi el 50 por ciento de la votación como candidato independiente –con más del 10 por ciento de ventaja sobre la panista Rebeca Clouthier– pendía de un hilo en cuanto a su validez, pues en esos momentos se cocinaba en la Sala Regional Monterrey del TEPJF un criterio judicial de los más absurdos e injustos contra una candidatura independiente que he presenciado desde que nació la figura.

Con todos los reflectores acaparados hasta ese momento en los juicios sobre las elecciones en Monterrey y Guadalupe, cimbró a todo Nuevo León cuando se hizo público el proyecto de sentencia de un magistrado que proponía anular la elección municipal de San Pedro Garza García, convocar a una elección extraordinaria y dejar sin posibilidades de volver a competir al independiente cuyo triunfo fue incuestionable por su magnitud.

Por la comisión de actos anticipados de campaña cometidos por el independiente allá por marzo del presente año, resulta que el magistrado de nombre Yairsinio, ante dos impugnaciones del PAN, consideró que aquello era razón suficiente y determinante para repetir las elecciones a escasas dos semanas de que tomara posesión la planilla ganadora en el Ayuntamiento.

La ley electoral considera acto anticipado de campaña a los llamados expresos al voto, o la solicitud de cualquier tipo de apoyo para contender en un proceso electoral, por parte de un aspirante o precandidato, antes de que comience la etapa de campañas. La ley prevé que si quien comete dicho acto prohibido es un candidato de partido, sólo se le multe o amoneste públicamente, pero si es candidato independiente, pierde el derecho a registrarse como candidato, lo cual es absolutamente discriminatorio y violatorio del principio de equidad.

De acuerdo con los criterios de los tribunales de Nuevo León, Miguel Treviño cometió actos anticipados de campaña por la colocación de anuncios en bardas y panorámicos sólo porque aparecía su nombre y colores identificables con su campaña, en donde no pidió el voto ni tampoco pidió apoyo para contender en un proceso electoral, así como por la organización de una kermés infantil que no tenía relación con las elecciones; criterios que a mi juicio contradicen diametralmente a los ya establecidos por la Sala Superior, órgano máximo electoral.

Después de que se dictaran ambas sentencias donde quedaban "acreditados" los actos anticipados, se le impusieron diversas multas y sanciones al independiente, y a pesar de que el PAN pudo haber impugnado el registro como candidato de Miguel por haber cometido tales actos, decidieron no actuar al respecto (quizás por estrategia electoral o por ignorancia de sus abogados), lo cual jurídicamente constituye una aceptación tácita por parte del partido a dicho acto, por lo que la campaña continuó hasta el día de los comicios y el independiente ganó.

Al llevarse el PAN la sorpresa electoral de haber perdido por un gran margen, dijeron que siempre no se valía que Miguel fuera candidato y es cuando deciden tratar de echar abajo la elección a pesar de que el momento procesal para aquello ya había transcurrido desde hace meses.

El proyecto levantó gran rechazo entre la sociedad y actores políticos, considerando una tremenda injusticia lo que este partido pretendía hacer, y ante la presión social de los indignados, la manifiesta injusticia jurídica señalada por expertos, y las pugnas internas al interior de un partido cuya dirigencia estatal se encuentra en vías de renovarse, se logró que el PAN aprendiera a ser un perdedor responsable, y en congruencia a las posturas que ellos tomaron frente al PRI en los juicios sobre los municipios de Monterrey y Guadalupe, presentaron un escrito para desistirse de ambos juicios que pretendían la nulidad de la elección, lo cual pondría fin a la polémica.

Sin que aquello le pareciera a la candidata panista, sus abogados acudieron horas después al tribunal a manifestar por escrito que el desistimiento no contaba con el aval de la candidata y que, por ende, no debería de surtir efecto alguno y la impugnación debía de continuar, pero afortunadamente para los ciudadanos que defendemos el voto popular por encima de caprichos judiciales y candidatas que no aceptan su derrota, como ambos juicios que pretenden la nulidad sólo pueden ser interpuestos por partidos políticos y no por los candidatos, no es necesario el aval de Clouthier y jurídicamente tendría que proceder el sobreseimiento del juicio salvo que a los magistrados se les ocurra algún otro criterio novedoso para ignorar la ley.

Lo malo para ella es que sí había un juicio que pudo promover en donde sólo ella podría desistirse, y lo bueno para los demócratas es que sus abogados, traidores o ignorantes no lo presentaron.

Dichosos los que le invierten a sus abogados, y desdichados seamos todos el día que el voto de dos magistrados que ni siquiera son de Nuevo León, valga más que el voto de miles de nuevoleoneses.



 

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