La verdad sobre el fuero

Javier N. Pro
04 de Diciembre 2018
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Javier N. Pro

La eliminación o no de la figura del fuero siempre ha causado polémica y levantado polvo entre los corredores de la política, así como entre la misma sociedad, puesto que en la opinión media del ciudadano, el tema se encuentra estrechamente ligado a problemáticas nacionales como la corrupción y la impunidad, que no son retos menores en nuestro país, pero en rara ocasión evoluciona lo suficiente el debate como para que el ciudadano pueda discernir las verdaderas implicaciones y consecuencias derivadas de dicha decisión en determinados contextos.

Es en función de lo anterior que la clase política, como suele hacerlo en otros temas, se aprovecha de esta circunstancia y utilizan la eliminación de esta figura como moneda de cambio para pretender ganarse el clamor popular y capitalizar para sus propios intereses los resultados.

Entendiendo la figura del fuero como la prerrogativa que por disposición constitucional tienen diversos funcionarios públicos de alto nivel –tales como diputados, senadores, el Presidente de México, secretarios de Estado, consejeros de diversos organismos autónomos–, por medio del cual siguen un procedimiento de juicio en materia penal de forma diferente a la establecida por ley para cualquier otra persona en el país –usualmente una en la que es más difícil, burocrático o complicado procesar a dichos funcionarios en comparación al resto–, encontramos que el goce de esta figura representa en realidad un privilegio que dificulta aplicar la justicia a dichos personajes.

En un país en donde la clase política tiene un desgaste en su imagen y reputación tan alto como el nuestro, la psiquis popular es de percibir el fuero como un instrumento jurídico perverso, inherentemente malvado y promotor de la corrupción e impunidad, y la inmensa mayoría de los ciudadanos apoyarían sin vacilar su eliminación y celebrarían a los políticos responsables de ello.

De hecho, en Nuevo León, en un afán absolutamente populista y demagógico previo a las elecciones de 2018, los diputados del Congreso del Estado, principalmente el PAN y Movimiento Ciudadano, anunciaron a los cuatro vientos que por fin habían eliminado el fuero en Nuevo León, cuando no hicieron semejante cosa, puesto que únicamente cambiaron el procedimiento y los privilegios de los funcionarios, pero de ninguna forma los suprimieron como mucho lo pregonaron. Lamentablemente, muchos ciudadanos cayeron en su engaño, votaron por aquellos políticos ladinos y al día de hoy hay quienes siguen pensando que en La Sultana del Norte ya no existe el fuero cuando la realidad arroja todo lo contrario.

El caso no es muy diferente a nivel federal, pues ya comenzó una guerra mediática entre ciertos partidos políticos que entre ellos se acusan de no querer eliminar la figura en un intento de congraciarse con la ciudadanía que persigue aquello como lo haría un toro con una bandera roja.

Lo que hasta este momento nadie les dice a los ciudadanos es que la eliminación del fuero es sólo el 50 por ciento de la labor para abatir la impunidad contra los altos funcionarios y el resto recae en la procuración de justicia y la autonomía que tenga el órgano responsable.

Al menos en teoría, en un esquema en el que la Procuraduría/Fiscalía sea autónoma, resultaría positivo que aconteciera una eliminación del fuero, pues no existiría un grupo político que controle dicho órgano y que pudiera beneficiarse inequitativamente frente a otros grupos y exista la posibilidad de que aquellos sean amedrentados por quien tiene el control del mismo.

Por el contrario, en un esquema en el que un poder público, ya sea Ejecutivo o Legislativo, con un grupo político a la cabeza, sea quien controle la Procuraduría/Fiscalía y la misma no sea autónoma, la eliminación del fuero significaría para los otros grupos quedar a la merced del grupo controlador.

Es por aquello que la eliminación del fuero cuando las condiciones no son las idóneas puede ser incluso más contraproducente que su conservación, ya que se perdería el único escudo que tienen las corrientes opositoras frente al monopolio de la acción penal que tiene la corriente en el poder.

En México, el órgano de procuración de justicia aún no es autónomo y es un partido político quien lo domina y controla en su totalidad. Es un grupo político quien decide libremente si procesar o no a los funcionarios de su propio partido y de su propio gobierno. Es una persona quien si se eliminara el fuero sin que exista autonomía, decidiría si procesar o no penalmente a los grupos que le representan oposición en el Senado, Cámara de Diputados e incluso organismos autónomos.

Sabiendo todo esto, ¿creen que sería prudente eliminar el fuero sin que antes exista autonomía?




 

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